El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, ha comparecido hoy en rueda de prensa para anunciar que el Ayuntamiento ha encargado una auditoría externa con el objetivo de conocer con precisión la situación financiera real del consistorio. Esta iniciativa parte del actual equipo de gobierno PP-Utrera+ y responde a una grave irregularidad: la no presentación de la Cuenta General ante el Tribunal de Cuentas desde el año 2018.
Jiménez ha calificado esta situación como “muy seria” y ha advertido de las importantes consecuencias negativas que podría acarrear para el Ayuntamiento. Por ello, se ha adjudicado a la empresa AUNA MG AUDITORES S.L.P. un Servicio de Auditoría centrado en la “Adecuación y regularidad de los estados financieros, gestión presupuestaria y cumplimiento de la normativa durante los ejercicios 2018-2024”.
El alcalde ha explicado que la Cuenta General es un documento esencial que refleja cómo se ha gestionado el dinero público a lo largo de un año. Incluye información clave como el Presupuesto Ejecutado (ingresos y gastos reales), el Estado Financiero y Patrimonial (bienes, deudas, cobros y pagos), el Remanente de Tesorería (el “colchón” financiero con el que se inicia el siguiente ejercicio) y el Resultado Presupuestario (indicador de superávit o déficit).
La legislación, concretamente la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que este documento debe ser aprobado en Pleno antes del 1 de octubre del año siguiente al ejercicio correspondiente y remitido al Tribunal de Cuentas o, en su caso, a la Cámara de Cuentas autonómica.
“No presentar esta documentación supone una grave falta de transparencia e impide ofrecer una información veraz tanto a la ciudadanía como a los concejales sobre la gestión económica del Ayuntamiento”, ha subrayado Jiménez. “Sin este documento, no es posible controlar si el presupuesto se ha cumplido conforme a la ley, ni saber si el Ayuntamiento está saneado o atraviesa dificultades económicas. Además, complica seriamente la elaboración del presupuesto del próximo año con la responsabilidad que exige la gestión pública”.
El regidor ha advertido de que esta situación podría derivar en advertencias, sanciones, responsabilidades legales o contables, además de perjudicar gravemente la imagen del consistorio. “Se traiciona la confianza de los ciudadanos, que tienen derecho a conocer cómo se administran los fondos públicos”, ha afirmado.
Entre los posibles perjuicios, el alcalde ha destacado que el Ayuntamiento podría enfrentarse a la retención de los fondos correspondientes a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que en 2025 superan los 16 millones de euros. “Esto supondría un golpe económico muy serio para el municipio”, ha alertado, recordando que en 2016 el Ministerio de Hacienda ya sancionó a 139 ayuntamientos con la retención de estos fondos por incumplimientos similares.
Jiménez ha responsabilizado al anterior equipo de gobierno de esta “negligencia” y ha expresado su esperanza de que “la ministra Montero tenga ahora la misma paciencia que ha demostrado en años anteriores, justo cuando nosotros estamos tomando las medidas necesarias para resolver esta situación”.
Finalmente, ha recordado que el Ayuntamiento no puede presentar directamente las cuentas de 2023 y 2024, ya que la normativa exige una presentación ordenada y secuencial desde el ejercicio 2018 en adelante. “Estamos obligados a hacerlo de manera sistemática y progresiva”, ha concluido.