Desde la rebaja del delito de malversación de caudales públicos por debajo de los 250.000 euros, una ley aprobada por el PSOE y sus socios separatistas, la ciudadanía ha asistido perpleja a una serie de decisiones escandalosas que han beneficiado a diversos cargos socialistas condenados o acusados de delitos económicos.
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha considerado que el mayor fraude cometido en Andalucía, el caso de los ERE, ya no constituye un delito. En una decisión que colisiona con el Tribunal Supremo, ha perdonado a la exconsejera socialista Magdalena Álvarez, y es previsible que esta medida se extienda al resto de los acusados. Esta decisión ha generado una gran controversia y ha aumentado la desconfianza en el sistema judicial, ya que parece evidenciar una protección a los miembros del partido en el poder.
En el ámbito de los intereses de Utrera, la pasada semana el Tribunal de Cuentas dictó un acta de liquidación provisional sobre la compra del inmueble de los cines en el centro comercial Los Molinos por parte del anterior alcalde, José Mª Villalobos (PSOE). Esta operación, que generó plusvalías por valor de 230.000 euros en solo dos meses, fue investigada debido a su naturaleza más que dudosa. La compra de las salas de cine fue denunciada en 2020 por los partidos locales Juntos x Utrera y Ciudadanos, pero el proceso judicial fue tan largo y lento que algunos delitos, como el de prevaricación, prescribieron. Además, la incoherencia del Ministerio Fiscal, que inicialmente acusaba al exalcalde de malversación, pero finalmente solicitó el archivo de la causa al considerar que la cantidad defraudada era menor de 250.000 euros, ha sido otro punto controvertido.
En todo este proceso, la agilidad del Tribunal de Cuentas ha sido cuestionable, tardando cinco años en emitir su opinión una vez finalizado el procedimiento judicial. Sorprende la falta de cuidado en la descripción temporal de los hechos. No se señala la fecha en la que se solicitó el informe (año 2020). En 2022, el Tribunal solicitó información al Ayuntamiento de Utrera, pero no consta la fecha en la que este respondió. Un año antes, en 2021, el Tribunal de Cuentas acordó que las actuaciones pasaran al Ministerio Fiscal para que hiciera una alegación, solicitud que se demoró un año más en materializarse.
Las consideraciones técnicas del Tribunal de Cuentas sobre el asunto se centran en discutir la valoración del inmueble entre el valor hipotecario (2,1 millones de euros) y el valor de mercado (456.936 euros). Esta cuestión ya fue aclarada por la Interventora Municipal en su declaración judicial, asegurando que “ante varios escenarios o posibilidades de elección, se elegirá la que de menor valor de valoración”. A pesar de ello, el Tribunal concluyó que “el informe del técnico municipal, si bien es preceptivo, no es vinculante, por tanto, no se ha producido una infracción de la normativa vigente”.
Resulta particularmente llamativo que el Tribunal de Cuentas no haya discutido nada sobre el pago de las comisiones generadas en la compra-venta de los cines ni sobre las plusvalías de 230.000 euros generadas en solo dos meses. Esta omisión deja muchas preguntas sin respuesta y añade una capa adicional de sospecha sobre la transparencia y la legalidad de la operación.
Este caso refuerza la percepción de que existe una doble vara de medir cuando se trata de juzgar a los políticos. La famosa frase de la ministra Carmen Calvo, “el dinero público no es de nadie”, parece resonar con fuerza en este contexto. La falta de consecuencias judiciales para quienes manejan fondos públicos de manera cuestionable sugiere que aquellos con suficiente habilidad y buen conocimiento del sistema pueden eludir la justicia sin mayores problemas.
En resumen, la gestión del caso de los cines en el centro comercial Los Molinos por parte del anterior alcalde de Utrera y la posterior actuación del Tribunal de Cuentas, junto con las recientes decisiones del Tribunal Constitucional respecto al caso de los ERE, han erosionado aún más la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La percepción de impunidad y la sensación de que los delitos económicos pueden quedar sin castigo socavan la credibilidad del sistema judicial y la fe en la justicia, alimentando el desencanto y la desilusión en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca.